El 8 de abril de 2024, el canciller venezolano Yván Gil defendió la posición de Venezuela ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en La Haya, en el marco de la disputa territorial por el Esequibo, un territorio de aproximadamente 160.000 kilómetros cuadrados que ambos países reclaman. Gil expuso los argumentos del gobierno venezolano sobre la validez del Laudo Arbitral de 1899, que otorgó el control del área a Gran Bretaña y posteriormente a Guyana.
Durante la audiencia, Gil enfatizó que Venezuela no reconoce la jurisdicción de la CIJ en este caso. “El Acuerdo de Ginebra es el único instrumento válido para resolver esta controversia”, aseguró, reiterando la postura oficial del gobierno de Nicolás Maduro. Este acuerdo, firmado en 1966, establece que las partes deben buscar una solución a través de negociaciones directas.
La presentación de Gil se produjo en un contexto marcado por el referendo consultivo realizado en diciembre de 2023, donde más del 95% de los votantes apoyaron la anexión del Esequibo a Venezuela. Este referendo fue considerado por muchos analistas como una estrategia política del gobierno para consolidar su apoyo interno ante las elecciones presidenciales programadas para julio de 2024.
La CIJ había declarado previamente su competencia para abordar el caso en 2020, lo que generó una fuerte reacción por parte del gobierno venezolano. En su intervención, Gil argumentó que el Laudo Arbitral fue “amañado” y “manipulado”, y que Venezuela ha sido históricamente el legítimo propietario del territorio. “No podemos permitir que decisiones unilaterales afecten nuestra soberanía”, afirmó.
La audiencia también fue testigo de la presencia de la vicepresidenta Delcy Rodríguez y otros altos funcionarios del gobierno venezolano, quienes respaldaron los argumentos presentados por Gil. Rodríguez destacó que “Venezuela es el único heredero histórico indiscutible del Esequibo”, reforzando así la narrativa nacionalista en torno a la disputa.
Las reacciones internacionales también han sido variadas. Mientras algunos países han expresado su apoyo a Venezuela en su búsqueda de una solución pacífica al conflicto, otros han respaldado a Guyana y han instado a ambas naciones a resolver sus diferencias mediante el diálogo y el respeto al derecho internacional.
La CIJ se encuentra ahora en proceso de deliberación sobre los argumentos presentados por ambas partes. La decisión final sobre la validez del Laudo Arbitral de 1899 tendrá implicaciones significativas para las relaciones entre Venezuela y Guyana, así como para la estabilidad regional.
